El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa (PPO) para los delitos de extorsión, uso de comprobantes fiscales falsos y tráfico de fentanilo. Con 93 votos a favor, 35 en contra y tres abstenciones, la reforma fue turnada a los 32 Congresos estatales, de los cuales al menos 17 deberán ratificarla para que entre en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La propuesta, respaldada por senadores de Morena y sus aliados, así como por los panistas Mauricio Vila, Juan Martín del Campo y Miguel Márquez, generó un intenso debate. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, criticó la medida por considerar que vulnera el derecho a la presunción de inocencia, instaurando lo que calificó como «prisión preventiva automática».
Por su parte, Cristina Ruiz, del PRI, señaló que la reforma no logrará detener el fenómeno del fentanilo, mientras que Marko Cortés, senador del PAN, expresó su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en el abuso de poder y la persecución política. Cortés argumentó que la prisión preventiva debería reservarse para casos donde se demuestre la culpabilidad de manera clara y no como un mecanismo de control político.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, enfatizó que ahora la decisión recae en los Congresos locales, quienes tendrán la última palabra sobre esta reforma al artículo 19 constitucional. El debate sobre los alcances y posibles consecuencias de la prisión preventiva oficiosa continuará en los estados mientras se evalúa su ratificación.
