La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, destacando la necesidad de abandonar la visión del agua como mercancía y reconocerla como un derecho fundamental. El pacto se centra en cuatro ejes: tecnificación del riego, saneamiento de ríos, verificación del uso industrial del agua priorizando el recurso tratado, y revisión de concesiones otorgadas durante el periodo neoliberal.
Durante el evento en el parque Xochimilco, Sheinbaum enfatizó la importancia de reorganizar las concesiones para garantizar una gestión sostenible del agua. «Debemos poner orden en las concesiones. Desde que el agua se consideró una mercancía en los años 90, existen sistemas administrativos y transferencias de derechos que no siempre cumplen con la normativa, y se desconoce la disponibilidad real de agua en el país», afirmó.
La presidenta subrayó la necesidad de un registro único de concesiones, logrado mediante acuerdos entre las partes involucradas, con una visión de sustentabilidad a largo plazo que trascienda su administración. «Es esencial que no haya ‘concesiones guardadas’ que impidan el uso del recurso en destinos indispensables. Los cambios jurídicos resultantes deben formar parte de un acuerdo integral», añadió.
En cuanto al saneamiento de ríos, Sheinbaum instó a avanzar en esta área, señalando que México no puede ser la duodécima economía mundial y tener ríos altamente contaminados.
Agradeció al presidente de Grupo Lala, Eduardo Tricio, por ofrecer dos de sus concesiones en Monterrey y la Ciudad de México para uso público, y resaltó la importancia de modernizar el riego en el país. «La agricultura consume el 70% del agua en la nación, con un uso excesivo en algunos casos, no por responsabilidad de los productores, sino por la falta de un programa nacional de riego. En 2025, destinaremos 9 mil millones de pesos para iniciar su transformación», anunció.
Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, calificó la firma del acuerdo como «histórica» por los compromisos asumidos por todos los niveles de gobierno. «Este pacto representa un cambio de paradigma hacia un modelo integral de desarrollo sostenible, superando la visión extractivista y privatizadora del periodo neoliberal. Implica valorar y proteger el ciclo del agua como un bien nacional y público», destacó.
Bárcena alertó que la escasez de agua en México afecta a 35 millones de personas, 104 de las 757 cuencas hidrográficas y 114 acuíferos, que están seriamente sobreexplotados y contaminados. «Más del 80% de los municipios han sufrido estrés hídrico y sequía. Es urgente gestionar eficazmente el recurso, incentivar su tratamiento y reúso, y fomentar aportaciones voluntarias para aumentar la productividad agrícola e industrial, asegurando una mejor distribución social en todo el territorio», concluyó.
Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua, destacó que hace meses iniciaron contactos con los principales consumidores del sector industrial para promover el uso eficiente y sustentable del recurso hídrico.
