El nuevo impuesto del cinco por ciento que el gobierno de Estados Unidos pretende aplicar a las remesas enviadas al extranjero ha generado preocupación en México, no solo por su impacto económico, sino porque representa una posible violación a un tratado fiscal bilateral firmado hace más de tres décadas.
Roberto Velasco Álvarez, jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, advirtió que la iniciativa estadounidense contraviene el Convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal, firmado entre México y Estados Unidos el 18 de septiembre de 1992 en Washington D.C.
Este acuerdo establece, en su artículo 25, un principio clave: ningún país puede imponer impuestos discriminatorios a los nacionales del otro país. En palabras del tratado:
“Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones”.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, criticó abiertamente la propuesta, calificándola como una medida claramente discriminatoria, ya que estaría dirigida exclusivamente a personas extranjeras —principalmente migrantes— y no a ciudadanos estadounidenses.
Zamora también subrayó la importancia económica de las remesas para México, señalando que solo en 2024 el país recibió 64 mil 700 millones de dólares por este concepto, lo que representa el 3.5 % del Producto Interno Bruto.
El canciller Juan Ramón de la Fuente explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores está dando un seguimiento puntual al avance legislativo de esta propuesta en el Congreso estadounidense. Aseguró que se tomarán las acciones pertinentes conforme a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por su parte, la mandataria mexicana señaló que la motivación detrás del impuesto parece estar relacionada con las dificultades fiscales internas de Estados Unidos.
“No creemos que tenga un afán de persecución a las y los migrantes, sino que es un asunto de recaudación; ¿qué decimos nosotros? pues que recauden en otro lado, porque es discriminatorio y además viola un tratado entre Estados Unidos y México”, declaró.
El intento de gravar las remesas que salen de Estados Unidos hacia países como México no solo amenaza con afectar a millones de familias que dependen de estos recursos, sino que podría representar una violación formal a acuerdos internacionales vigentes. Las autoridades mexicanas ya han expresado su oposición y se mantienen atentas al proceso legislativo en Washington, mientras se prepara una posible respuesta legal y diplomática.
