México se prepara para enfrentar una posible ola de deportaciones masivas desde Estados Unidos bajo la administración del presidente electo Donald Trump, quien ha prometido intensificar las políticas migratorias y aumentar los aranceles si no se controla la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado diálogos con Trump y ha implementado medidas para contener el flujo migratorio y fortalecer la seguridad en la frontera.
Desde la toma de posesión de Sheinbaum el 1 de octubre, las autoridades mexicanas han incrementado las detenciones de migrantes, pasando de 3,400 a 5,400 personas diarias. Además, se han desplegado operativos en estados como Sinaloa, resultando en la incautación de más de una tonelada de fentanilo y la detención de altos miembros del narcotráfico.
Sheinbaum también ha convocado a reuniones con los gobernadores de los seis estados fronterizos para coordinar acciones y evitar el colapso en la frontera. Asimismo, busca acuerdos con la próxima administración estadounidense para que los migrantes no mexicanos sean deportados directamente a sus países de origen, evitando que México se convierta en un tercer país receptor.
Sin embargo, México enfrenta desafíos adicionales debido a recortes presupuestarios en agencias migratorias, lo que podría dificultar la gestión de un aumento en las deportaciones. El Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados enfrentan una reducción del 10% en su presupuesto, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores verá una disminución del 8%, y el presupuesto de la Guardia Nacional se reducirá casi a la mitad.
A pesar de estos obstáculos, el gobierno mexicano reafirma su compromiso de recibir a los ciudadanos deportados y garantizar su reintegración, mientras continúa negociando con Estados Unidos para manejar de manera efectiva la situación migratoria y proteger los derechos humanos de los migrantes.
